Las caras del narco

(Publicado en Observador Global)

Exposición de carteles por la seguridad en Av. Reforma de la Ciudad de México, en agosto de 2010.

Tres argentinos caminan en la medianoche de Mérida y hacen dedo en una avenida céntrica. Quieren ir a bailar. Una muchacha simpática, porrista del equipo de beisbol de la ciudad acepta llevarlos y les hace conocer la ciudad y la noche de esta ciudad del Caribe mexicano. Todos felices quedan en volver a verse al día siguiente para continuar la fiesta. “Este no es el México que me contaron”, dice sorprendido David, oriundo de La Plata. Es verdad, en la península de Yucatán, los habitantes de tres estados -Campeche, Quintana Roo (con Cancún su principal balneario) y el mismo Yucatán- viven en su paraíso –lo cual puede ser literal por la belleza de sus playas y ruinas arqueológicas-: los índices más bajo de violencia, seguridad en sus calles, presencia menor de narcotraficantes, policías que trabajan de manera coordinada contra el delito y una población que confía en sus autoridades.
Pero Renato Sales, el procurador encargado de la aplicación de justicia en Campeche, está preocupado, lo mismo que sus colegas vecinos: como allí no hay bandas del crimen organizado que disputen territorios, ni policías corruptos que dejen los estados acéfalos de autoridad, el gobierno federal no quiere aumentarles los presupuestos para seguridad.
“En vez de reforzar lo que se hace bien, lo desprotegen”, reniega ante más de dos centenares de personas en un hotel de la capital yucateca.
Sales tiene motivos para preocuparse. La espiral de violencia mexicana acumula 30.000 muertos de acuerdo con un reciente conteo publicado por el diario Reforma, una cifra que en cuatro años supera los seis correspondiente al gobierno anterior de Vicente Fox (2000-2006).
Las víctimas crecen en la “guerra” contra el narco del gobierno de Felipe Calderón, pero a la par el monto del presupuesto para las Fuerzas Armadas, involucradas de lleno en la represión del crimen organizado, aumentó 30% y para 2011 se prevé al menos 13 por ciento más.
Ese dinero se destinará a armamento, capacitación, y propuesta como crear 18 batallones en zonas con presencia del crimen organizado. Ninguno está contemplado para los tres estados de la península yucateca.
Los procuradores hacen un análisis bastante simple pero lógico: el crimen organizado necesitará trabajar en nuevos lugares de baja visibilidad ante la persecución, y las provincias de la península, limpias hasta ahora, serán una excelente opción –Cancún es su única ciudad con presencia criminal reconocida- si las finanzas destinadas a seguridad se debilitan.
Concentrado en su disputa por el control de las calles con las bandas criminales, el gobierno de Calderón sufre golpes fuertes contra su política: en una semana hay masacres contra jóvenes en distintos puntos del país como Tijuana, Ciudad Juárez y Tepic. Los enfrentamientos se dan por horas en ciudades de la provincia de Tamaulipas (noreste), y si bien en la última de la pasada semana pudo acabar con un capo que se resistió, Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, en las calles de Matamoros murieron una cuarenta de personas en militares y civiles –entre ellos un periodista-, de acuerdo con medios de comunicación estadounidenses que trabajaban en la zona, aunque las autoridades mexicanas las reducen a seis.
Pero al mismo tiempo que Matamoros se convierte en campo de una guerra de guerrillas, a centenares de kilómetros de allí, en una ciudad del estado de Morelia, la captura de dos personajes menores del cartel de La Familia desata una ola de incidentes con quema de autos y una estación de servicio, cierre de carreteras por los criminales y pánico en la población.
El círculo del dinero de las mafias –la droga es sólo la mitad de sus negocios, le siguen piratería, tráfico de inmigrantes, secuestros, entre otros delitos-, se mantiene intacto con más de 19.000 millones de dólares que se mueven sin conocer orígenes, de acuerdo a un estudio elaborado entre México y Estados Unidos y dado a conocer en abril pasado. Pero para los empresarios del país, quienes siempre arroparon a Calderón, la violencia ha pegado a sus bolsillos, y lo dicen.
“La economía de muchas regiones del país está siendo afectada gravemente, tanto por los delitos mismos, como por el incremento exponencial en los gastos de prevención que tienen que realizar las empresas y los ciudadanos. El mayor costo es el de oportunidad: se cierran negocios, se dejan de crear empresas, se limita la actividad productiva y se desalienta la inversión”, dijo hace algunos días Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Coparmex.

El dirigente le recordó algunas cifras a Calderón que se han incrementado en su gobierno: el secuestro creció más de 300 por ciento, el robo a casa habitación 20 por ciento, el robo con violencia casi 30 por ciento y la extorsión 158 por ciento.

Nada más que en extorsiones vía celulares se contabilizaron 10.000 llamadas entre agosto y octubre pasado, de las cuales unas 308 se llevan a cabo por mes.
Abroquelados en un fuerte regionalismo, los procuradores de justicia de la península yucateca consideran la atención del desarrollo social como una de las claves para aplicar políticas públicas antinarcóticos. Allí se encuadra la pelea contra el consumo: en los últimos 6 años se sextuplicó la oferta de drogas en “tienditas”, como consecuencia de que a partir de los años 90 se generó un mercado interno fuerte para los dealers.
Por ejemplo, en la que fuera el gran vergel de los hombre de negocio del país, Monterrey, la presencia de más de 1.800 grupos pandilleros y su asociación directa con la venta o reventa de drogas, ha saltado el número de adictos: la ciudad regia tiene gran parte de los 200.000 adictos que se calculan en el Estado de Nuevo León donde se ubica la ciudad industrial.
Se estima que en el país hay 4.7 millones de consumidores.
El problema de salud que esto genera no tiene una estrategia oficial de combate. En el presupuesto que discute el Congreso para el próximo año no se indican partidas específicas. Se estima que hay 1,800 centros privados para rehabilitación pero no son cifras seguras porque no hay un padrón depurado. A la par crece un mercado negro de estos centros, al que concurren adictos vinculados a organizaciones delictivas que quieren rehabilitarse o donde pueden comprar y vender drogas o simplemente lo usan como un lugar para esconderse. Así es como se han explicado oficialmente las recientes masacres en Tijuana, Tepic y Ciudad Juárez, donde murieron 42 jóvenes, la mayoría de ellos en proceso de recuperación.
La política de “guerra” frontal ideada por la administración Calderón desde diciembre de 2006, que a decir de los procuradores de los tres estados de la Península yucateca, ha traído confusión hasta en términos legales porque no es una guerra declarada, ha generado como contrapartida una mayor compenetración de narcotraficantes en la vida social del país.
Esto no sólo se ve con sus líderes que se mueven en zonas de clase media y alta conviviendo como cualquier hijo de vecino –las más importante detenciones y muertes de capos se dan en áreas residenciales de alto poder adquisitivo-, sino porque hasta la propia jerarquía de la poderosa Iglesia católica mexicana acaba de aceptar que ha recibido dinero de narcotraficante “en la construcción de algunas capillas”.
“¿Qué estado de la República está libre de este flagelo? ¿Qué sector de la población no está involucrado con el poder corruptor del narcotráfico y la delincuencia que de allí se deriva? Podemos comenzar por políticos de gran altura, sin duda alguna desde gobernadores hasta corporaciones policiacas enteras, pasando por militares y policías federales”, indicó la cúpula eclesiástica en un editorial de su semanario Desde la Fe de la última semana de octubre pasado.
“Podemos mencionar ambientes empresariales, periodistas y, desafortunadamente, algunos ambientes religiosos”.
Para el presidente Calderón no hay duda que la guerra se va ganando. Lo dice a diario en cada presentación pública, ante un público empresarial o inaugurando u hospital. La vida política mexicana está cruzada por la narcotización y no sólo por los incidentes de violencia que brotan en distintos puntos del país, sino hasta en el lenguaje.
Vocablos como levantón, plomear, ejecutar o pase –en sus acepciones narco– forman parte desde octubre del Diccionario de americanismos, de la Real Academia Española de la Lengua.
Para el director de la Academia Mexicana de la Lengua, José G. Moreno de Alba, el crimen organizado revoluciona la vida de los ciudadanos pero también, justificó, “revoluciona el idioma”.